• miércoles 20 noviembre 2019

    04-11-2012

    Acciones en defensa de la Caja Popular de Tucumán 04-11-24



    SOLIDARIDAD CON EL COMPAÑERO BOURLÉ

    La Seccional Tucumán de la AB, rechazó que el fiscal Guillermo Herrera tenga en sus manos la denuncia judicial por la cesión de unos $ 170 millones de la Caja Popular de Ahorros (CPA) al Poder ejecutivo provincial, comprometiendo la estabilidad de la institución. En tanto el Consejo Directivo de la AB, presidido por el Secretario General Nacional, Sergio Palazzo, repudió el jueves 1° la insistencia del Gobierno Tucumano en promover el acoso policíaco de nuestro compañero, Eduardo Bourlé, titular de esa Seccional.

    Hace dos semanas, el Secretario General de la Seccional Tucumán, Eduardo Bourlé, denunció penalmente a Eduardo El Eter, ex interventor de la CPA, pues habría delito de malversación de caudales públicos. El planteo judicial, inicialmente formulado ante el ministro fiscal, Luis de Mitri, se debe a que El Eter, aún a cargo de la Caja, había firmado un convenio con el secretario de Hacienda, Rolando Steimberg, que formalizaba la cesión de recursos de la CPA depositados en bancos (unos $ 170 millones del Fondo de Garantía del Departamento Seguros) al Gobierno provincial. A cambio, el PE emitió Letras de Tesorería.

    Pero el escrito recayó en manos del fiscal penal de la X Nominación. Y, en consecuencia, La Bancaria reclamó ahora la urgente intervención del ministro fiscal para que Herrera sea apartado de la causa y el expediente sea girado a otra fiscalía, "a fin de garantizar transparencia, eficacia y celeridad". En la presentación realizada mediante el abogado Gustavo Morales, el sindicato relató que la fiscala Mariana Rivadeneira se inhibió y giró la causa al fiscal Herrera. "El fiscal representa con impudicia el amiguismo y la proximidad con altos funcionarios del Poder Ejecutivo", sostuvo la presentación para justificar el pedido de apartamiento del fiscal Herrera.

    La presentación precisa que el "fiscal es un conocido obstructor de investigaciones a funcionarios públicos", y puso como ejemplo el archivo de la denuncia contra el actual senador nacional Sergio Mansilla (PJ) en 2007, por entonces secretario de Coordinación con Municipios y Comunas.